Esta semana el Ministerio de Ambiente (Minae) resolvió anular la viabilidad ambiental que en 2016 había dado esta misma entidad a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A. para sembrar 600 hectáreas de monocultivo de piña en una finca ubicada en Palmar Sur, en la misma cuenca del Humedal Nacional Térraba Sierpe.
La resolución del Minae declaró con lugar acciones legales interpuestas por Mauricio Álvarez, entonces presidente de la Federación para la Conservación del Ambiente (FECON), con apoyo de los abogados Álvaro Sagot y Sofía Barquero y el geólogo Allan Astorga. Pero además, dio la razón a los argumentos de grupos ecologistas, familias campesinas y una arqueóloga que alertaron sobre los impactos ambientales del proyecto.
Se trataba de un proyecto de la corporación Del Monte, en Palmar Sur, cantón de Osa. Pretendían sembrar más de 600 hectáreas de piña y aplicar 41 agroquímicos en una finca que incluye bosques, humedales y un acuífero; todo en el área de influencia inmediata del Humedal Nacional Térraba – Sierpe, declarado de importancia internacional según la Convención Ramsar. El terreno iba a ser cubierto con 5 kilómetros cuadrados de plantación intensiva de piña, según la resolución del Minae, además de red vial, pasos de agua, sistema de riego, mini- predios de carga y el plantel.
Para Mauricio Álvarez, “hay un antes y un después de esta resolución, porque se le está poniendo por fin un límite a la expansión incontrolada de la piña”. “Esta es una moratoria ‘de hecho’ a seguir expandiendo los cultivos de piña sobre humedales, áreas protegidas y áreas de protección del agua de las comunidades”, dijo el coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
La empresa solicitó la viabilidad ambiental para el proyecto, la cual fue otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en el 2016, durante la administración de Édgar Gutiérrez Espeleta como Ministro de Ambiente.
En el recurso de nulidad se expuso que los estudios de impacto ambiental favorecieron al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes. La Setena tramitó el permiso en menos de un mes e incluso el Departamento de Evaluación Ambiental de esta Secretaría fue el que recomendó no hacer una inspección de campo, según consta en el documento firmado por Marco Vinicio Araya.
En ese mismo documento se obligaba a la empresa a depositar un monto de garantía ambiental por la suma de 78.216 dólares (equivalente al 1% del monto de inversión total del proyecto).
Una serie de “cortocircuitos” de parte de Setena
Álvaro Sagot, abogado ambientalista que participó en todo el proceso, señaló a UNIVERSIDAD que la Setena tampoco valoró los nueve sitios arqueológicos que ya habían sido declarados y reportados. Además, la empresa había declarado que existían 23.4 hectáreas de humedal y en el informe posterior que realizó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se descubrió que eran 100 hectáreas. Igualmente, la empresa hablaba de unas “manchas de bosque”, y el informe del SINAC
determinó que había 64 hectáreas de bosque.
“La finca es, en gran parte, una plantación de melina; pero nunca dijeron que había esas 64 hectáreas de bosque – todo un ecosistema tropical- hasta que Sinac fue y lo descubrió”, comentó Sagot.
“Nosotros pedimos una apertura de procedimiento administrativo sancionatorio contra los consultores ambientales de la empresa, los cuales son nombrados por la Setena, porque se supone que ellos le deben fidelidad y objetividad a Costa Rica. También pedimos que se sancionara a los funcionarios de Setena que hicieron la valoración. Pero esto no se mencionó en ningún lado en la resolución del Ministro”, apuntó Sagot, refiriéndose a la resolución emitida este 19 de diciembre por el Ministro Carlos Manuel Rodríguez.
Otro cuestionamiento fue que no hubo proceso de consulta en la zona, sobre la percepción de la comunidad ante el proyecto. El estudio socioeconómico se aplicó a una muestra de 18 personas, que representa un 0.61% de la población del cantón.
Evelyn Saborío, quien tiene una parcela en Finca Térraba, en Palmar Sur, afirmó a UNIVERSIDAD: “Esta lucha ha sido muy importante porque nosotros no queríamos que vengan a ponernos un monocultivo a la par que nos va a contaminar. Yo quiero trabajar mi parcela totalmente orgánica y con una piñera a la par como las que mandeja Pindeco no voy a tener opción a que mi proyecto crezca”.
“Al final todos los campesinos vamos a optar por venderle la tierra a ellos porque no vamos a poder cultivarlas por la contaminación, por las mosca, por los problemas en el agua porque nosotros utilizamos agua de pozo. Todo eso nos iba a afectar. Y ver ese humedal que es tan bello destruido, sería catastrófico”, comentó Saborío.
Ignorar la presencia de sitios arqueológicos fue otro vicio del proceso de Setena. Según la resolución, el proyecto se ubica dentro de la zona de “Asentamientos Cacicales Precolombinos con Esferas de Piedra del Diquís”, el primer conjunto de sitios culturales declarados Patrimonio de la Humanidad en el país. La presencia de sitios arqueológicos era conocida por la Setena desde el inicio del trámite y no tenían aprobación del Museo Nacional cuando dieron el visto bueno a la viabilidad ambiental.
La arqueóloga y antropóloga Ifigenia Quintanilla opinó que “la decisión que tomó el Ministro Carlos Manuel Rodríguez ha sido muy importante y era lo esperable porque todos los criterios técnicos señalaban la inviabilidad de este proyecto piñero”. Agregó que “la esperanza es que esta resolución sirva también para detener otros proyectos piñeros que, no solo afectan al ambiente, sino también al paisaje y al patrimonio histórico nacional”.
“En este momento la empresa Pindeco está por decidir qué hacer con esas 600 hectáreas. Habrá que ver si salen con una propuesta nueva o llevan esto a juicio internacional. Lo importante sería hacer un esfuerzo colectivo de país para adquirir esa tierra para proteger los nueve sitios arqueológicos ya detectados y los otros que deben estar allí e integrarlos al sitio de Patrimonio Mundial Diquís, donde los humedales, esteros y el río Culebra se puedan integrar. Tal vez esto sirva para recuperar espacios en el Delta del Diquís, que se han repoblado de animales y puede ser una oportunidad para crear alguna forma de corredor entre el manglar y la fila costeña”, explicó Quintanilla a UNIVERSIDAD.
En la resolución emitida, el Minae ordena a la empresa “abstenerse de realizar cualquier actividad relacionada con esta iniciativa”.
Según el Ministro, “con esta resolución, hacemos efectiva la garantía de la protección del medio ambiente y en especial de las Áreas Silvestres Protegidas, ante el peligro de las actividades antrópicas como los monocultivos y otras como el uso de agroquímicos asociadas a ellas, pues éstas constituyen el elemento central de la protección de la biodiversidad”.
